La construcción de una estructura semisumergible de más de 82 pies de largo en un astillero clandestino de San Pedro de Macorís continúa generando interrogantes entre las autoridades y la opinión pública. La embarcación fue decomisada el 21 de septiembre por la Armada Dominicana, que posteriormente inició su desmantelamiento para trasladarla a Santo Domingo. De acuerdo con los organismos de seguridad, las características de la estructura coinciden con las utilizadas en algunos países de América del Sur para el transporte ilícito de sustancias narcóticas, aunque las investigaciones aún no han determinado su destino final ni quién ordenó su construcción.
Durante el operativo fueron detenidos dos trabajadores que aseguraron participar únicamente en labores relacionadas con la fabricación de una pieza de madera y fibra de vidrio para la reparación de un catamarán turístico llamado Jesel. Ambos fueron liberados sin cargos tras ofrecer declaraciones voluntarias ante el Ministerio Público. Según su versión, desconocían cualquier actividad irregular y afirmaron que el propietario de la embarcación contaba con los permisos necesarios para realizar los trabajos. Una tercera declaración presentada por otro empleado sostiene la misma versión y rechaza cualquier vínculo con actividades criminales.
Las investigaciones apuntan al empresario Tomás Espíritu Santo del Río, vinculado a una empresa de excursiones turísticas registrada en República Dominicana. Aunque existen versiones que indican que posee autorizaciones relacionadas con actividades marítimas y planos de embarcaciones registrados, la Armada sostiene que no figura con permisos para construir o reparar embarcaciones de este tipo. Especialistas consultados explican que cualquier construcción naval requiere aprobación previa, supervisión técnica y documentación específica. Mientras continúan las indagaciones, las autoridades buscan esclarecer si la estructura correspondía a una reparación legítima o a una embarcación destinada a operaciones clandestinas.
