La violencia en Guatemala continúa siendo uno de los principales desafíos para la seguridad y la estabilidad del país. Con altos índices de criminalidad, el país centroamericano enfrenta una compleja combinación de pobreza, desigualdad social, impunidad y presencia del crimen organizado. Las extorsiones, los homicidios, el narcotráfico y la violencia de género son fenómenos que afectan tanto a zonas urbanas como rurales.
El sistema de justicia guatemalteco ha sido señalado por su limitada capacidad para procesar y sancionar a los responsables de hechos violentos. La impunidad alimenta un clima de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, y muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias o por falta de fe en las autoridades. Además, los cuerpos policiales enfrentan limitaciones de recursos, capacitación y, en algunos casos, señalamientos de corrupción.
A pesar de estos retos, diversas organizaciones civiles, comunitarias e internacionales trabajan en la prevención de la violencia mediante programas educativos, oportunidades para jóvenes y acompañamiento a víctimas. Sin embargo, expertos coinciden en que se necesita una respuesta más firme del Estado, con reformas profundas que garanticen justicia, inversión social y un combate efectivo contra el crimen para lograr una verdadera transformación en el país.