Ministro de Energía y Minas, admite interés internacional en tierras raras dominicanas, pero niega venta.
Tierras raras dominicanas.- En medio de una creciente atención internacional sobre los minerales estratégicos, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, confirmó en una entrevista en el programa A Diario la participación activa del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos en la exploración de estas, lo que ha encendido alarmas sobre la soberanía nacional y el control real de estos recursos.
Según el Ministro de Energía , las exploraciones —que ya se encuentran en una etapa avanzada— han arrojado estimaciones iniciales de entre 80 y 120 millones de toneladas brutas de tierras raras dominicanas, una cifra que coloca al país en una posición destacada frente al líder mundial, China, que posee unos 44 millones. Sin embargo, el entusiasmo oficial contrasta con los cuestionamientos sobre cuánta de esa riqueza quedará realmente en manos dominicanas y bajo qué condiciones se está desarrollando esta colaboración internacional.
Presencia extranjera, soberanía cuestionada
Aunque el ministro insiste en que “no existe intención de ceder ni vender” estos recursos a potencias extranjeras, admitió que el gobierno trabaja codo a codo con técnicos del ejército estadounidense, lo cual ha despertado sospechas sobre posibles agendas ocultas. Santos negó cualquier acuerdo de explotación conjunta, pero no especificó los términos legales de la colaboración ni los protocolos de confidencialidad sobre los datos geológicos obtenidos.
Esta situación ocurre mientras República Dominicana enfrenta un entorno regional convulso, con una Haití sumida en el caos, y una creciente militarización del discurso de seguridad en el Caribe. Algunos analistas ya advierten que los minerales raros podrían convertirse en un nuevo punto de presión geopolítica, donde la lucha por el control estratégico se disfraza de “asistencia técnica”.
El ministro aseguró que el país promoverá una minería “responsable”, con supervisión ambiental y respeto a la “licencia social”. No obstante, aún no se ha informado de consultas comunitarias formales ni de estudios de impacto ambiental que justifiquen el avance del proyecto. Tampoco se han revelado detalles sobre el reparto de beneficios económicos ni los posibles impactos en las comunidades cercanas a las zonas de exploración.
A pesar de las promesas de sostenibilidad, las declaraciones oficiales han sido recibidas con escepticismo por sectores ambientalistas, que advierten sobre el riesgo de repetir un modelo extractivo en el que los recursos salen del país, mientras las comunidades quedan con pasivos sociales y ecológicos.
