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El Gobierno del presidente Donald Trump solicitó este jueves al Tribunal Supremo de Estados Unidos que levante parcialmente varias órdenes judiciales que bloquean su controvertido decreto sobre la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, un derecho amparado por la Constitución estadounidense.
El decreto, firmado por Trump en su segundo día en el poder, propone poner fin al derecho a la ciudadanía para los hijos de inmigrantes indocumentados y de aquellos con visados temporales. La administración Trump ha argumentado que las órdenes judiciales emitidas a nivel nacional por diversos tribunales han ido “demasiado lejos”, limitando su capacidad para implementar la política en el país. En su apelación de emergencia, el Departamento de Justicia ha solicitado que los jueces restrinjan el impacto de estas órdenes a los individuos o estados directamente involucrados en el litigio, en lugar de aplicarlas de manera universal.
La fiscal general interina, Sarah Harris, criticó los mandatos judiciales, afirmando que prohibir la implementación de la orden ejecutiva afecta “a cientos de miles de personas no especificadas” que no están ante los tribunales ni identificadas por estos. Además, el Departamento de Justicia ha pedido que el Supremo permita emitir directrices claras sobre cómo implementar la política, a pesar de la suspensión impuesta por los tribunales inferiores.
El decreto de Trump ha enfrentado una serie de demandas en todo el país, y el Departamento de Justicia presentó un recurso de emergencia ante el Tribunal Supremo después de que un tribunal de apelaciones rechazara levantar la suspensión impuesta. En el pasado, el máximo tribunal de Justicia de Estados Unidos ha ratificado el derecho a la ciudadanía por nacimiento, respaldado también por una ley federal aprobada antes de la ratificación de la Decimocuarta Enmienda en 1868, que garantiza este derecho a quienes nacen en suelo estadounidense.
