La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) ha solicitado la regularización de 87,000 trabajadores haitianos, argumentando que la falta de permisos de trabajo y las repatriaciones desorganizadas han impactado negativamente la estabilidad del sector construcción.
Sin embargo, esta petición ha generado rechazo en diversos sectores. El Instituto Duartiano, representado por su presidente Wilson Gómez, calificó la propuesta como descabellada e insensata, afirmando que se debe priorizar el interés nacional por encima de los factores económicos. Gómez también criticó los procesos de regularización anteriores, señalando que han estado marcados por falsificación de documentos y datos falsos.
A pesar de estas críticas, defensores de los derechos de los migrantes, como Williams Charpentier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones, y Eliseo Christopher, representante del sector construcción, aseguraron que la solicitud tiene base legal en la Ley General de Migración 285-04, específicamente en el Artículo 72, el cual permite que sectores físicos y morales soliciten a la Dirección General de Migración la carnetización de trabajadores extranjeros.
División de opiniones en la sociedad
El debate ha provocado reacciones encontradas en la ciudadanía. Algunos consideran que los trabajadores haitianos no deberían ser regularizados si no cuentan con documentación de su país de origen, mientras que otros reconocen la necesidad de su mano de obra, aunque advierten sobre el cumplimiento del Código Laboral, el cual establece que solo el 20% de la fuerza laboral en una empresa puede ser extranjera.
La discusión sobre la regularización de los trabajadores haitianos sigue abierta, con sectores empresariales presionando por una solución y grupos nacionalistas exigiendo mayores controles en la política migratoria del país.
