La ejecución de un acuerdo de cooperación entre la oficina del Defensor del Pueblo de la República Dominicana y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), valorado en más de 5.1 millones de dólares, ha generado cuestionamientos sobre los resultados alcanzados y el impacto de esos recursos en beneficio de la ciudadanía.
El convenio, suscrito en septiembre de 2021 entre el Defensor del Pueblo, encabezado por Pablo Ulloa, y el PNUD, representado por Ana María Díaz, contempla el fortalecimiento de la gobernanza institucional, el desarrollo de capacidades operativas, la mejora de la atención ciudadana y la implementación de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Según la documentación del proyecto, la iniciativa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025 y recientemente fue extendida mediante una enmienda firmada en julio de este año para permitir la organización de un Congreso Bienal orientado a la promoción y protección de los derechos humanos.
Sin embargo, diversos sectores han cuestionado la efectividad de las acciones ejecutadas hasta el momento. Ciudadanos consultados expresaron que no perciben una presencia activa del Defensor del Pueblo en las comunidades ni una respuesta efectiva ante problemáticas que afectan a la población, especialmente a grupos vulnerables.
El acuerdo también contempla la expansión territorial de la institución, la apertura de nuevas oficinas, la remodelación de instalaciones y la ampliación del acceso a los servicios en más de 170 localidades del país. No obstante, críticos señalan que muchos de estos objetivos aún no muestran resultados visibles, mientras persisten interrogantes sobre el destino y la utilidad de los fondos invertidos en el proyecto.
