La Dirección General de Contrataciones Públicas informó que, en la actual gestión, ha remitido más de 50 casos de posibles irregularidades a distintas instituciones fiscalizadoras del Estado.
Estos expedientes han sido enviados a la Procuraduría General de la República, la Unidad Antifraude, la Cámara de Cuentas y la Dirección de Ética Gubernamental, con el fin de que se investiguen y tomen las medidas correspondientes.
Según el informe, más de 10 de estos casos han sido remitidos a la Procuraduría General al presentar indicios de responsabilidad penal, lo que podría derivar en acciones judiciales.
La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos de control en la administración pública, con el objetivo de garantizar el correcto uso de los recursos del Estado.
