La liberación de un hombre que permaneció casi 20 años en prisión preventiva en Dajabón, sin recibir una sentencia definitiva, ha desatado preocupación entre juristas, quienes consideran el caso como una de las fallas más graves del sistema de justicia dominicano y advierten que el Estado podría enfrentar demandas por los daños ocasionados.
El hombre, cuya identidad no ha sido revelada, recuperó su libertad en febrero de este año gracias a las gestiones de la Oficina Nacional de Defensa Pública de Montecristi, luego de haber permanecido recluido desde junio de 2006 en un centro penitenciario de Dajabón bajo una medida de coerción que nunca concluyó con una decisión judicial definitiva.
Especialistas en derecho calificaron el caso como una grave violación a los derechos humanos y al principio de presunción de inocencia, al considerar inadmisible que una persona permanezca privada de libertad durante dos décadas sin que su proceso haya sido resuelto.
“Una persona cuyo proceso no se haya definido durante 20 años representa el peor precedente de violación a los derechos humanos. Es inaceptable, totalmente improcedente e imposible de sostener jurídicamente”, expresaron abogados consultados.
Los juristas sostienen que este caso debe motivar una revisión exhaustiva de todos los expedientes de personas bajo prisión preventiva, con el fin de identificar si existen otros privados de libertad en condiciones similares y corregir posibles fallas estructurales del sistema judicial.
Asimismo, señalaron que el afectado tendría derecho a reclamar una indemnización al Estado, ya que el Código Procesal Penal contempla la posibilidad de exigir una compensación cuando una persona ha sido privada de libertad de manera injustificada.
“Claro que debe haber una demanda contra el Estado porque se vulneraron todo tipo de derechos”, manifestó uno de los abogados, mientras otro afirmó que resulta sorprendente que el sistema judicial haya permitido una situación de esta magnitud.
El caso ha reabierto el debate sobre el uso prolongado de la prisión preventiva en la República Dominicana y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para garantizar que los procesos penales se desarrollen dentro de plazos razonables y con pleno respeto a las garantías constitucionales.
