Un total de 79 países condenaron este viernes la decisión del expresidente estadounidense Donald Trump de imponer sanciones a la Corte Penal Internacional (CPI) en respuesta a sus acciones contra dirigentes israelíes. A pesar de las medidas punitivas, la CPI reafirmó su compromiso con la justicia internacional.

Trump firmó una orden ejecutiva que sanciona a la CPI por investigar y emitir órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de defensa, Yoav Gallant. Los jueces de la CPI alegan que existen motivos razonables para sospechar que ambos participaron en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la guerra de Gaza, lanzada por Israel en respuesta al ataque terrorista del 7 de octubre de 2023.

Como parte de las sanciones, Estados Unidos prohibió la entrada al país a directivos, empleados y agentes de la CPI, así como a sus familiares y a cualquier persona que haya colaborado con sus investigaciones. Estas medidas han sido recibidas con crítica por parte de la comunidad internacional, que las considera una amenaza para la independencia del tribunal.

La CPI, creada en 2002 mediante el Estatuto de Roma, tiene como misión procesar a los responsables de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Actualmente, cuenta con 124 estados miembros, aunque potencias como Estados Unidos, Rusia, China e Israel no reconocen su jurisdicción.

Expertos en derecho internacional han señalado que, aunque las sanciones estadounidenses no afectan la legitimidad del tribunal, sí limitan su operatividad. Además, la presión política y económica podría dificultar el desarrollo de futuras investigaciones y el enjuiciamiento de altos mandos de países poderosos.

Mientras tanto, la Unión Europea ha calificado el decreto de Trump como una amenaza para la independencia de la CPI, y la comunidad internacional sigue atenta a la reacción de los 125 estados que ratificaron el Estatuto de Roma. En contraste, Israel ha respaldado la decisión de Estados Unidos, calificando las acciones del tribunal de “ilegítimas e inmorales”.

Este episodio reaviva el debate sobre el alcance de la justicia internacional y la capacidad de la CPI para hacer cumplir sus decisiones en un sistema global dominado por intereses políticos.