El Ministerio Público avanza en la investigación de una red criminal integrada por al menos 12 miembros de la Policía Nacional, acusados de sustraer y comercializar municiones del depósito de la Intendencia de Armas. La red, según las autoridades, vendía proyectiles de forma ilegal, principalmente a pandilleros haitianos, poniendo en riesgo la seguridad nacional.
Entre los señalados como parte de esta estructura están los agentes Héctor Acevedo Liriano, Melvin Manuel Sierra Gil, Yaquendry Shakira Segura Feliz, Miguel Ángel Félix Liriano, Johan Alexander Sánchez Paniagua, Breilyn Eliezer Cuello Gil, Joan Miguel Acosta Núñez, César Augusto Gerbacio, José Miguel Jack Núñez, Brayan Isidro Lachapel y Erick Francisco Cruz.
MODUS OPERANDI Y ACUSACIONES
Las investigaciones revelan que el coronel Narciso Antonio Félix Rom, encargado de la custodia de las armas y municiones, recibía dinero por la venta de los proyectiles, utilizando los fondos para adquirir bienes como un vehículo Kia Sorento y financiar una construcción inmobiliaria en Bonao. Según el expediente, Félix Rom incluso recibía pagos en efectivo dentro de mochilas, entregadas por un cabo que intermediaba en las ventas ilegales.
Otro implicado clave es el capitán Nelson Valdés, responsable del depósito de armas, acusado de facilitar el acceso a las municiones para su comercialización ilegal. Además, el capitán y auditor Víctor Manuel Santos habría alterado auditorías para encubrir las irregularidades en el manejo de los proyectiles.
AVANCES
La red fue desmantelada mediante allanamientos realizados en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales. Sin embargo, el Ministerio Público continúa investigando para identificar otros posibles involucrados y establecer el alcance total de la organización delictiva.
El órgano persecutor ha solicitado prisión preventiva de 18 meses para los imputados y la declaración de complejidad del caso. La acusación incluye 213 páginas de documentación y 135 elementos de prueba, que detallan cómo la red operaba desde dentro de la Policía Nacional para sustraer, movilizar y vender municiones.
Esta es la primera vez que el Ministerio de Interior y Policía y la Policía Nacional enfrentan un caso de corrupción administrativa de esta magnitud. Según las autoridades, el caso refleja el compromiso del gobierno con la transparencia y la reforma policial.
“La lucha contra la corrupción en nuestras instituciones no se detendrá. Todos los implicados enfrentarán las consecuencias legales de sus acciones”, afirmaron desde el Ministerio Público.
La audiencia para conocer las medidas de coerción está pautada para el próximo lunes 25 de noviembre. Se espera que el caso, conocido como Operación Pandora, continúe desarrollándose como un hito en los esfuerzos por combatir el crimen dentro de las fuerzas de seguridad del país.
