En el marco de las investigaciones sobre el robo y comercialización de 900,000 municiones de la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República interrogó nuevamente, por segunda vez, a Miguelina Bello Segura, la única mujer y civil implicada en el caso conocido como Pandora. La imputada ha decidido colaborar con las autoridades, revelando nuevos detalles que podrían ampliar la magnitud del caso, que involucra la venta de proyectiles en Haití y su posible uso en actividades criminales.
Bello Segura, quien está acusada de vender las municiones en el mercado binacional, reveló que los proyectiles fueron presuntamente adquiridos por actores haitianos, quienes los habrían utilizado con fines delictivos. La gravedad de este caso, según expertos legales y organizaciones de la sociedad civil, podría ser considerado como financiamiento de terrorismo a nivel internacional. De ser comprobado, este delito podría implicar penas de hasta 40 años de prisión, conforme al Código Penal de la República Dominicana y la Ley de Lavado de Activos.
Durante la audiencia, la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa presentó pruebas de que las municiones y bombas lacrimógenas sustraídas de la Policía Nacional habrían sido comercializadas por un valor cercano a los 65 millones de pesos. La red criminal responsable del robo, que también involucraría a nueve oficiales de la uniformada, está siendo desmantelada, aunque se sospecha que los vínculos con el tráfico de armas podrían alcanzar niveles aún más altos dentro de la estructura estatal.
José Abreu, coordinador del movimiento cívico Participación Ciudadana, señaló que la red Pandora podría implicar a funcionarios de alto rango, incluidos los involucrados en el traslado de las municiones a través de la frontera, así como en otras instituciones como Aduanas y Migración. “Es muy probable que haya más altos funcionarios involucrados, y por eso el Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva para los implicados, en espera de los resultados de las investigaciones”, declaró Abreu.
La audiencia de conocimiento de medida de coerción para los imputados en la operación Pandora está pautada para este lunes a las 2 de la tarde, donde se decidirá si los acusados permanecerán en prisión mientras avanzan las investigaciones.
Este caso ha desatado un debate sobre la seguridad nacional y la implicación de autoridades en actividades ilícitas de gran escala, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones encargadas de la seguridad pública.
