La tarde de este lunes, desconocidos asaltaron la sucursal del Banco Popular ubicada en la avenida Luperón esquina Olof Palme, en el Distrito Nacional. El incidente ocurrió a las 4:30 p.m. y no se reportaron heridos.

Según el comunicado emitido por el banco, varios delincuentes con el rostro cubierto irrumpieron armados en el interior de la sucursal. Dos de ellos redujeron al vigilante, mientras un tercero sustrajo una suma de dinero aún por determinar. Un cuarto asaltante esperaba en un vehículo, en el cual el grupo huyó tras cometer el acto delictivo.

El Banco Popular ha asegurado que, en cumplimiento de su protocolo de seguridad, proporcionará asistencia psicológica a los empleados de la sucursal afectada. La Policía Nacional está investigando el hecho para identificar y capturar a los responsables.

Este incidente se suma a una serie de eventos delictivos recientes que han generado preocupación en la comunidad, y las autoridades trabajan intensamente para esclarecer los hechos y reforzar la seguridad en la zona.

 

Dos robos en 10 días

Este robo ha sido a solo diez días después de que la sucursal del Banco de Reservas en Santiago fuera víctima de un asalto. El último robo es un recordatorio abrupto de la creciente preocupación sobre la seguridad y la seguridad en el país.

El pasado viernes 24 de mayo, la sucursal del Banco de Reservas en La Barranquita, Santiago, fue atacada por un grupo de ladrones, lo que dejó a tres personas heridas. Los delincuentes se llevaron una cantidad de dinero no especificada, aunque se ha recuperado RD$1.5 millones.

En el contexto del primer robo, ya han sido arrestados cinco sospechosos, mientras que otros dos permanecen prófugos. El último robo ha generado temores sobre la facilidad con que los criminales pueden operar en el país.

El asalto a la sucursal del Banco Popular es un recordatorio claro de que el problema no se limita a una región o una institución. La falta de seguridad y la facilidad con que los criminales pueden operar es un tema creciente para los ciudadanos y las empresas.

Las autoridades deben tomar medidas inmediatas para abordar este problema y restaurar la confianza pública en la seguridad y seguridad del país. El gobierno debe trabajar para mejorar la efectividad de sus agencias de aplicación de la ley y garantizar que aquellos responsables de estos delitos sean llevados a la justicia.