El pasado domingo, en la Reunión del Comité Central del PLD se definió la estrategia de esa organización política descuajeringada por las imputaciones de corrupción conocidas y por conocer. Fue en esa reunión que Danilo Medina dijo que el Ministerio Público se ha entregado sin disimulo a la persecución política y fue después de esa reunión que un grupo de peledeístas intentó repetir la toma del palacio de Justicia de Ciudad Nueva, como ya había ocurrido en el anterior intento de conocer la coerción a los 19 imputados en la operación calamar.

Después de Eso el PLD se ha retirado del Congreso, se intentó posicionar como una de las estrategias el tema de las bombas lacrimógenas en el local del PLD por encima de los casos en justicia y Francisco Javier García dijo que el consultor Jurídico del poder ejecutivo vivía metido en la procuraduría. Es evidente que la primera línea de acción es tratar de desmeritar al ministerio Público y la segunda sacar de los medios de comunicación el fondo de la operación calamar en un intento por convertir al PLD en víctimas de la agresión policial.

La tercera línea era tomar la calle, pero de esa recularon rápidamente, algunos dicen que por razones económicas. Ni siquiera los que robaron sin piedad quieren arriesgar sus chelitos en el PLD. Como el cerebro oye y cree lo que le gusta, habrá gente que crea en lo que dicen los morados que ahora se venden como chapulines de la democracia.

Seguro que Francisco Javier y Danilo consideran que Domínguez Brito, precandidato presidencial del PLD, y Radhamés Jiménez, secretario de organización de la FP, fueron procuradores muy independientes.

El primero dejó morir el caso Félix Bautista y el segundo se recuerda por el caso de sicariato del regidor Ericson de los Santos Solis y la devolución de los 20 millones de pesos a la gente de la torre Atiemar. Según la ex jueza Awilda Reyes, fue Jiménez quien dio las órdenes.

Pero es ahora, cuando la procuraduría está liderada por alguien que solo ha estado en el sistema de justicia, que los peledeístas consideran que el MP está “entregado sin disimulo a la persecución política”.

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