La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó preocupación por las muertes de civiles durante intervenciones policiales y señaló la necesidad de fortalecer las garantías del debido proceso. Su presidente, Manuel María Mercedes, reaccionó a declaraciones atribuidas a un alto oficial de la Policía Nacional sobre un presunto implicado en la muerte de un agente, afirmando que ese tipo de expresiones podrían interpretarse como un riesgo para la integridad de las personas buscadas por las autoridades. El tema fue abordado durante un reportaje que analizó diversos casos ocurridos en el país.

Según datos ofrecidos por la entidad, durante 2018 se registraron numerosos incidentes violentos en los que participaron agentes policiales y civiles, así como una cantidad significativa de presuntas ejecuciones extrajudiciales. El dirigente sostuvo que las personas investigadas por delitos deben ser detenidas y sometidas a la justicia conforme a la ley. El reportaje también recordó declaraciones emitidas anteriormente por mandos policiales en casos de alta repercusión nacional, relacionadas con operativos para localizar a personas perseguidas por las autoridades.

La discusión reabrió el debate sobre el uso de la fuerza por parte de los organismos de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales durante las actuaciones policiales. Organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que toda investigación debe desarrollarse dentro del marco legal y con pleno respeto al debido proceso. Mientras tanto, el tema continúa generando opiniones encontradas sobre la seguridad ciudadana y la actuación de las instituciones responsables de hacer cumplir la ley.