El empresario del transporte Antonio Marte dejó sin efecto la disposición que impedía el traslado de ciudadanos haitianos, tanto con estatus migratorio regular como irregular, en rutas interurbanas de provincias como Baní, Dajabón y Pedernales. La decisión fue anunciada luego de recibir cuestionamientos por considerar que la medida contravenía disposiciones constitucionales y excedía las facultades de un operador del transporte público. Durante sus declaraciones, Marte ofreció disculpas al país y a la comunidad haitiana por la controversia generada.
El dirigente explicó que su decisión inicial respondía a preocupaciones relacionadas con operativos migratorios y la situación que enfrentaban algunos conductores del transporte público. Sin embargo, distintos sectores señalaron que la aplicación de restricciones basadas en la nacionalidad o el estatus migratorio corresponde exclusivamente a las autoridades competentes y debe realizarse dentro del marco legal vigente. Tras las críticas recibidas, el empresario confirmó que la disposición quedaba anulada.
Durante un programa de televisión, panelistas valoraron la rectificación de Antonio Marte y consideraron positivo que retirara la medida tras el debate público generado. También comentaron que los procesos de control migratorio deben ser ejecutados por los organismos del Estado y conforme a la legislación dominicana. La controversia abrió nuevamente el debate sobre las competencias de los gremios del transporte y el respeto a los derechos establecidos por la Constitución.
