Los imputados de un presunto fraude contra el Estado dominicano por más de 4 mil millones de pesos podrían enfrentar penas de entre 10 y 20 años de prisión, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Juristas explicaron que la defraudación tributaria constituye un delito precedente para el lavado de activos, lo que amplía las consecuencias penales para quienes sean encontrados responsables. La legislación contempla sanciones severas cuando este tipo de conductas se relaciona con otros delitos conexos.
En la acusación presentada por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) contra el grupo empresarial involucrado, se incluyen cargos por presuntas violaciones a la Ley de Lavado de Activos, además de infracciones tributarias. Especialistas señalaron que delitos como la estafa agravada contra el Estado y la falsificación de documentos pueden dar lugar también a procesos por lavado de activos cuando cumplen las condiciones establecidas en la normativa vigente. El caso continúa bajo conocimiento de las autoridades competentes, que deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
El expediente también ha tenido consecuencias administrativas, entre ellas la cancelación de aproximadamente 300 empleados de la DGII y el reforzamiento de los controles internos en la institución. No obstante, las autoridades informaron que, por el momento, esos exservidores públicos no serán sometidos a la justicia. Algunos juristas aprovecharon el caso para reiterar la necesidad de aprobar un nuevo Código Penal que contemple el cúmulo de penas y fortalezca el régimen sancionador frente a delitos económicos de gran impacto.
