La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una reforma constitucional que introduce la cadena perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, en una decisión impulsada por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La medida, respaldada por el oficialismo que domina el Congreso, se produce en el contexto del régimen de excepción y la ofensiva estatal contra las pandillas, una estrategia que ha reducido significativamente los índices de criminalidad en el país, pero que también ha generado críticas por posibles violaciones a los derechos humanos.

El exdiputado Romeo Auerbach defendió la reforma al considerar que forma parte de una transformación estructural en la nación. “Era necesario mandar una señal en la construcción de un nuevo país. Hace 11 años éramos el país más violento del mundo”, afirmó durante su participación en el programa El Debate.

Auerbach también destacó que la cadena perpetua es una práctica común a nivel global, señalando que está presente en 183 de 216 países, lo que representa el 85 % de las naciones.

Desde su perspectiva, el enfoque de reinserción no es viable en todos los casos, especialmente frente a estructuras criminales organizadas como las pandillas. “Hay personas que deben permanecer privadas de libertad de forma permanente”, sostuvo, al tiempo que vinculó el endurecimiento de las penas con los prolongados periodos sin homicidios registrados recientemente en el país.

No obstante, la reforma ha encendido el debate tanto a nivel nacional como internacional, debido a la rapidez con la que fue aprobada y a las preocupaciones sobre el impacto en las garantías fundamentales dentro del sistema de justicia salvadoreño.