Santo Domingo.– El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la inauguración del primer foro de contrataciones públicas, donde destacó los avances de la nueva Ley 472-25, que regula los procesos de compras y contrataciones del Estado. El mandatario aseguró que esta normativa no solo fortalece los controles y endurece el régimen sancionador, sino que también convierte las contrataciones en una herramienta para el desarrollo sostenible.
Abinader señaló que la transparencia, la eficiencia y la inclusión en las compras públicas generan un triple impacto: económico, social y ambiental. “Cuando el Estado compra de forma correcta no solo se optimiza el gasto, también se crean oportunidades para las comunidades, se mejora la calidad de vida de la gente y se impulsa un futuro sostenible”, manifestó.
El jefe de Estado explicó que la contratación pública representa una parte significativa del gasto nacional, por lo que debe asumirse como un motor de progreso y no únicamente como un trámite administrativo. Subrayó que la nueva ley integra criterios sociales, ambientales y de gobernanza que garantizan procesos más justos y participativos.
Entre las innovaciones que introduce la normativa, Abinader mencionó la subasta inversa electrónica, los acuerdos marco y el sorteo de obras menores, modalidades que buscan hacer más ágiles, competitivos y transparentes los procesos. Aseguró que estas medidas beneficiarán especialmente a pequeños y medianos proveedores, así como a sectores tradicionalmente excluidos.
El mandatario resaltó que con la implementación de la nueva ley se da un paso firme hacia un modelo de Estado más moderno, responsable y cercano a la ciudadanía. Indicó que el compromiso del gobierno es que cada peso invertido en compras públicas se traduzca en bienestar colectivo y en proyectos que impacten directamente a las comunidades.
Asimismo, Abinader exhortó a las instituciones del Estado a aplicar de manera rigurosa la normativa y a los proveedores a participar con confianza en los procesos, asegurando que el país cuenta ahora con un marco legal más sólido para combatir la corrupción y garantizar la equidad en las contrataciones.
