El comunicador Julio Hazim expresó preocupación por las implicaciones que tendría el nuevo Código Penal para el ejercicio de la medicina en República Dominicana, al advertir que la legislación podría provocar que muchos profesionales de la salud limiten sus servicios por temor a enfrentar procesos judiciales derivados de complicaciones médicas.

Durante su programa, Hazim comentó un documento emitido por la presidenta de la Sociedad Médica de Santiago, en el que se alertan los riesgos que representaría la nueva normativa para los médicos y el sistema sanitario nacional.

Según explicó, el sector salud teme que el Código Penal establezca responsabilidades excesivas para los profesionales, incluso en situaciones donde las complicaciones formen parte de los riesgos inherentes a determinados procedimientos médicos. A su juicio, esto podría generar un ambiente de inseguridad jurídica que desincentive la práctica de especialidades complejas o de alto riesgo.

El comunicador sostuvo que uno de los principales cuestionamientos radica en que se pretenden aplicar estándares propios de sistemas de salud más desarrollados a hospitales públicos dominicanos que, en muchos casos, carecen de los recursos y equipos necesarios para ofrecer una atención óptima.

Asimismo, indicó que existe preocupación por la posibilidad de que fiscales o jueces sin formación médica especializada terminen evaluando complicaciones clínicas como si se tratara de delitos comunes, sin tomar en cuenta los criterios científicos y técnicos propios de la medicina.

Hazim también criticó la forma en que algunas investigaciones médicas han derivado en el cierre temporal de centros de salud, afectando la continuidad de tratamientos para miles de pacientes. En ese sentido, advirtió que la aplicación del nuevo marco legal podría incentivar una práctica médica defensiva, en la que los profesionales ordenen más estudios y pruebas diagnósticas con el objetivo de protegerse de posibles demandas.

El comunicador afirmó que esta situación podría incrementar los costos de la atención sanitaria y dificultar el acceso de los pacientes a determinados procedimientos, generando consecuencias negativas tanto para los médicos como para los usuarios del sistema de salud.

Finalmente, llamó a las autoridades y a los legisladores a escuchar las preocupaciones expresadas por los gremios médicos antes de la entrada en vigencia de las nuevas disposiciones penales.