La comunicadora Julieta Tejada aseguró que al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, se le han vulnerado sus derechos fundamentales desde el inicio del proceso judicial que enfrenta por el denominado Caso Medusa, al considerar que el expediente ha excedido ampliamente los plazos establecidos por la ley.

Durante un comentario sobre el proceso, Tejada se hizo eco de la solicitud presentada por la defensa del exfuncionario, que pide al tribunal declarar la extinción de la acción penal, argumentando que el caso ha sobrepasado el límite legal de cuatro años establecido en la normativa dominicana.

Según explicó, los abogados sostienen que el cómputo del proceso debe iniciar con el primer impedimento de salida impuesto a Jean Alain Rodríguez a finales de 2020, por lo que el expediente se acerca a los seis años de duración.

La comunicadora destacó que, de acuerdo con datos presentados por la defensa, entre 2024 y 2025 los tribunales del país acogieron 22,645 solicitudes de extinción de la acción penal y rechazaron 2,769, lo que, a su juicio, evidencia que este mecanismo procesal es una herramienta ordinaria cuando se exceden los plazos legales.

Asimismo, señaló que la defensa atribuye las demoras al propio Estado y al Ministerio Público, citando resoluciones judiciales que establecen que los retrasos no fueron provocados por los imputados. Entre las causas mencionadas figura la suspensión del proceso por más de un año debido a fallos técnicos en los discos duros entregados por el Ministerio Público que contenían las pruebas del expediente, integrado por más de 600,000 páginas.

Tejada también informó que la solicitud de extinción será conocida en audiencia el próximo lunes y resaltó el llamado realizado por los abogados de Jean Alain Rodríguez a los medios de comunicación para que den seguimiento al proceso, con el objetivo de garantizar la transparencia, el debido proceso y evitar presiones externas sobre el tribunal.

Las declaraciones de la comunicadora se producen en momentos en que el tribunal deberá decidir si acoge o rechaza el pedimento de la defensa, una decisión que podría marcar un nuevo rumbo en uno de los procesos de presunta corrupción más relevantes de los últimos años.