Un jurado en Fort Worth condenó a pena de muerte a Tanner Lynn Horner, luego de que se declarara culpable del secuestro agravado y asesinato de la niña Athena Strand, de 7 años, momentos antes del inicio de su juicio.
El caso se remonta al 30 de noviembre de 2022, cuando la menor desapareció de su vivienda, lo que activó un amplio operativo de búsqueda tras una llamada al sistema de emergencias. Las investigaciones determinaron que, durante el tiempo en que la niña fue vista por última vez, un vehículo de entregas vinculado a FedEx había pasado por la zona.
Las autoridades lograron identificar al sospechoso a través de imágenes de video que mostraban a la menor interactuando con el conductor. Tras ser interrogado, Horner confesó el crimen y guió a la policía hasta el lugar donde abandonó el cuerpo de la niña, a varios kilómetros de distancia.
De acuerdo con los informes judiciales, el acusado alegó inicialmente que atropelló a la menor de forma accidental, pero luego admitió que la asesinó por temor a ser denunciado. Tras más de dos semanas de presentación de pruebas, el jurado deliberó por menos de tres horas antes de dictar la pena capital.
El caso ha generado gran conmoción en la comunidad y reabre el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos, especialmente en crímenes que involucran a menores de edad.
La pena de muerte en Estados Unidos es una sanción legal vigente en varios estados, aunque su aplicación varía según la jurisdicción. Mientras algunos estados la han abolido, otros la mantienen para delitos graves como el asesinato agravado. El método más común de ejecución es la inyección letal, aunque históricamente también se han utilizado otros métodos. El sistema judicial exige múltiples instancias de apelación para garantizar el debido proceso antes de ejecutar una sentencia.
Este castigo ha sido objeto de un amplio debate en el país, con posiciones divididas entre quienes lo defienden como una medida de justicia y disuasión, y quienes lo consideran una violación a los derechos humanos. Organizaciones como Amnesty International han criticado su uso, señalando riesgos de errores judiciales y desigualdades en su aplicación, mientras que algunos sectores sostienen que debe mantenerse para los crímenes más graves.
