Lima, 2 de julio de 2025 – La Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD) impuso una multa de USD 188 000 (equivalente a S/ 668 750 o 125 UIT) a la Clínica Delgado‑Auna, tras constatar que personal médico divulgó sin autorización información médica confidencial de Shakira Isabel Mebarak Ripoll durante su hospitalización en febrero pasado.

La filtración sucedió pocas horas después del ingreso de la artista por un intenso “cuadro abdominal”, lo que la obligó a posponer su concierto en Lima. Imágenes del parte médico incluyendo detalles de medicamentos y suministros— comenzaron a circular en las redes. La clínica fue intervenida por SUSALUD y se constató que se violaron normas constitucionales, sanitarias y de protección de datos personales.

De acuerdo a la normativa peruana, la divulgación no autorizada de datos de salud constituye una conducta grave, con sanciones que pueden llegar hasta 300 UIT (alrededor de S/ 1.6 millones o US$ 400 000). En este caso, la cifra aplicada fue de 125 UIT.

La clínica rechazó haber cometido un acto deliberado y anunció que presentará una apelación ante el Tribunal de SUSALUD dentro del plazo legal de 15 días hábiles. Alegan que la sanción es preliminar y se encuentra en revisión.

Expertos legales recuerdan que este incidente establece un precedente trascendental en el respeto a la confidencialidad médica en Perú, y advierten que tanto el personal involucrado como la clínica podrían enfrentar responsabilidades adicionales, incluso en el ámbito penal.

El entorno de Shakira, por el momento, no se ha pronunciado públicamente sobre esta sanción. Sin embargo, el caso ha encendido un debate nacional sobre los límites en el tratamiento de información de salud, especialmente de figuras públicas, y la vulnerabilidad de los pacientes frente a filtraciones institucionales.

La sanción ha generado un fuerte eco en la opinión pública peruana e internacional, especialmente entre profesionales de la salud y defensores de la privacidad, quienes han señalado que casos como este dañan la confianza de los pacientes en los centros médicos. Diversas organizaciones han exigido que se refuercen los protocolos internos de manejo de información sensible, y que se sancione no solo a las instituciones, sino también al personal responsable de las filtraciones.