El gobierno de El Salvador, encabezado por el presidente Nayib Bukele, negó este jueves que el ciudadano panameño Kilmar Ábrego García haya sido víctima de tortura o maltrato durante su estancia en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel salvadoreña donde permaneció detenido por varias semanas. Las autoridades aseguran que Ábrego fue tratado de acuerdo con los protocolos y que no presenta signos de haber sido abusado.
Ábrego García, residente legal en Estados Unidos, fue deportado por error a El Salvador en mayo tras ser confundido con un presunto traficante de personas. Una vez en territorio salvadoreño, fue arrestado y trasladado al CECOT bajo el régimen de excepción vigente desde 2022. Desde su repatriación a EE. UU. en junio, ha denunciado haber sufrido golpes, privación de sueño, falta de alimentos, hacinamiento extremo y amenazas constantes por parte de custodios.
En respuesta, el presidente Bukele publicó fotografías del panameño durante su paso por el penal, en las que según él se muestra que Kilmar no fue maltratado ni perdió peso. “Está incluso más saludable que cuando entró”, afirmó el mandatario en tono desafiante ante la comunidad internacional. Bukele reiteró que su administración no permitirá “campañas de desprestigio” contra su política de mano dura contra el crimen.
Sin embargo, documentos judiciales presentados en Estados Unidos contradicen la versión oficial salvadoreña. En ellos, se incluye un reporte médico que señala que Ábrego perdió alrededor de 14 kilogramos en apenas dos semanas. Su defensa ha dicho que su cliente fue sometido a tortura psicológica y física, en una cárcel donde reinan el silencio forzado y la represión sistemática.
Organismos internacionales de derechos humanos han expresado preocupación por el trato que reciben los detenidos en el CECOT, donde más de 1 % de la población salvadoreña ha sido encarcelada bajo sospecha de vínculos con pandillas. Este caso pone nuevamente el foco sobre los métodos del régimen de Bukele, el cual ha sido aplaudido por algunos sectores por reducir la criminalidad, pero también duramente criticado por violaciones al debido proceso.
Mientras tanto, Kilmar Ábrego permanece bajo custodia en Tennessee, donde enfrenta cargos por conspiración para tráfico de personas, a los cuales se ha declarado no culpable. Su caso ha encendido alarmas en Washington, donde se estudian posibles medidas diplomáticas ante lo que consideran una “expulsión arbitraria y peligrosa” de un ciudadano con estatus migratorio válido.
