El dirigente político Paz denunció que durante la gestión del expresidente Hipólito Mejía, las empresas vinculadas a Quirino Ernesto Paulino, señalado como uno de los principales brazos financieros de una estructura de narcotráfico y lavado de activos, recibieron contratos gubernamentales por más de 23 millones de dólares entre 2000 y 2004.
Según Paz, una de las principales empresas involucradas fue la de Vladimir García Jiménez, socio de Quirino y procesado en Estados Unidos, a quien se le asignaron contratos clave, incluyendo 11 de los 110 polideportivos que se construyeron en el país. Además, destacó un contrato por 13 millones de dólares otorgado para la supervisión de la construcción de todos esos polideportivos a nivel nacional, un contrato que según explicó, se limita a verificar el cumplimiento de los términos de obra, lo que hace aún más cuestionable su monto.
Paz enfatizó que es urgente que se esclarezca cómo una empresa vinculada a una red de narcotráfico y lavado de activos pudo manejar contratos tan significativos y estratégicos en el Estado dominicano, especialmente bajo la administración de Hipólito Mejía y en el Ministerio de Deportes, que estaba bajo la gestión de César Cedeño. “Esto es lo que hay que explicarle al país”, concluyó.
Paz señaló que esta situación evidencia la gravedad de la corrupción y la infiltración de redes ilícitas en la administración pública, afectando no solo la transparencia sino también la calidad y ejecución de importantes proyectos para el desarrollo nacional. “No se trata solo de contratos millonarios, sino del riesgo que representa para el país permitir que estructuras vinculadas al narcotráfico tengan acceso a recursos públicos y obras estratégicas”, afirmó.
Además, el dirigente político demandó una investigación profunda y acciones contundentes por parte de las autoridades para sancionar a todos los responsables y evitar que hechos similares se repitan. “El pueblo dominicano merece claridad y justicia. Es fundamental que se dé seguimiento a estos casos y que se fortalezcan los mecanismos de control para proteger los recursos del Estado”, concluyó.
