La Asociación Dominicana de Industrias del Plástico (ADIP) expresó su rechazo a las propuestas que buscan prohibir el foam y otros productos plásticos de un solo uso, argumentando que la eliminación total de estos materiales no resolverá el problema ambiental y podría generar consecuencias económicas negativas.
Durante el conversatorio Rompiento Mitos sobre el Plástico, José Manuel Munet, director de ADIP, afirmó que “la prohibición no es la solución”, y defendió una regulación efectiva como vía más adecuada. Recordó que el sector está compuesto por más de 470 empresas que generan más de 42,000 empleos directos y alrededor de 45,000 entre directos, indirectos e inducidos. En 2024, esta industria vendió más de 59,000 millones de pesos en el mercado local y exportó por encima de 700 millones.
Munet destacó que la experiencia internacional demuestra que las prohibiciones totales no suelen tener el efecto deseado. “Tú no puedes controlar la economía simplemente prohibiendo materiales. Es mejor trabajar en regulaciones claras y factibles”, señaló. En ese sentido, pidió abrir espacios de diálogo técnico para identificar soluciones que mitiguen el impacto de los desechables sin afectar la economía ni el empleo.
Los industriales proponen que el gobierno, en coordinación con universidades y empresas, desarrolle un plan nacional de reciclaje, recuperación en la fuente y educación ambiental, con un enfoque integral. Sostienen que el plástico no es intrínsecamente negativo, sino que debe gestionarse adecuadamente para fomentar la sostenibilidad.
ADIP reiteró que el sector no se opone al cambio y ha invertido en tecnologías más limpias y materiales alternativos, pero advirtió que necesita apoyo institucional, tiempo y acompañamiento técnico para garantizar una transición ordenada hacia prácticas más sostenibles.
Además, los representantes del sector insistieron en que cualquier medida que afecte a la industria debe tomar en cuenta su impacto en la cadena de valor, desde los fabricantes hasta los pequeños comerciantes. Advirtieron que una prohibición apresurada podría generar pérdida de empleos, informalidad y desabastecimiento en sectores que dependen de estos productos. Por ello, llamaron a las autoridades a construir una hoja de ruta conjunta que permita avanzar hacia una economía circular sin sacrificar el desarrollo productivo nacional.
