Durante el simposio “Situación de Crisis en Haití y su implicación para República Dominicana”, organizado por el Instituto Duartiano, expertos en derecho, política y seguridad calificaron como acertadas las medidas que viene aplicando el Estado dominicano en materia migratoria, aunque insistieron en que deben ser reforzadas con acciones más contundentes desde diferentes sectores del país.
Los participantes coincidieron en que la defensa de la soberanía nacional no debe limitarse al control de la migración haitiana, sino que también debe implicar una firme posición frente a organismos internacionales que según alegan han contribuido al agravamiento de la crisis en Haití. Señalaron incluso que sectores de la administración Biden buscaron facilitar un desplazamiento masivo de haitianos hacia suelo dominicano, con el supuesto apoyo de entidades como Nitía Internacional, a las que calificaron como cómplices de esa “maniobra criminal”.
Los constitucionalistas y dirigentes políticos presentes reclamaron la declaración de un estado de excepción en la frontera y criticaron al empresariado nacional por priorizar intereses económicos, incluso promoviendo la contratación irregular de mano de obra extranjera. A su juicio, esa práctica pone en riesgo la estabilidad del país, e hicieron un llamado a que todas las agencias estatales con responsabilidad fronteriza actúen de manera coordinada para garantizar el orden y la soberanía.
Asimismo, el presidente del Instituto Duartiano, Wilson Gómez Ramírez, advirtió que legalizar de manera indiscriminada la mano de obra extranjera representa una amenaza directa a la identidad nacional y a la institucionalidad del país. Resaltó que si bien es necesario preservar los derechos humanos, la prioridad debe ser siempre el interés nacional, por lo que llamó a las autoridades a mantener una postura firme y sin concesiones frente a la presión internacional.
En el evento también se abordó la narrativa que desacredita a los trabajadores dominicanos, señalando que no es cierto que “el dominicano no quiere trabajar”, sino que exige empleos dignos y bien remunerados. Los expertos insistieron en que se deben crear condiciones laborales que prioricen a la población nacional y alertaron que si se permite el colapso del orden en la frontera, no solo estaría en juego la seguridad del país, sino también el futuro del sector productivo nacional.
