La ley también establece el registro anual de jóvenes por la Junta Central Electoral para mantener actualizado el padrón de reclutas, así como sanciones penales para quienes evadan la convocatoria o incumplan la obligación legal.
Este proyecto ha generado resistencia entre sectores progresistas, quienes critican la obligatoriedad y temen abusos. Sin embargo, sus defensores argumentan que la geografía y realidad fronteriza dominicana requieren una reserva militar sólida, capaz de enfrentar desafíos como la corrupción y el contrabando.
Además, los estudiantes de último año de educación media o superior podrán elegir entre cumplir el servicio de forma inmediata, después de concluir sus estudios, prestar servicios relacionados con su formación, o participar en cursos militares especiales.
Este es un proyecto ambicioso que apunta a fortalecer la identidad nacional, la protección territorial y la cohesión social, mirando hacia la construcción de una nación-estado fuerte que defienda las futuras generaciones.
Expertos en seguridad nacional señalan que la implementación del servicio militar podría ser un paso vital para reforzar las capacidades del país ante amenazas transnacionales y fortalecer el control en zonas fronterizas donde la vigilancia es limitada. Además, insisten en que este mecanismo puede servir como una escuela de formación cívica y ética para jóvenes que muchas veces carecen de oportunidades educativas o laborales.
No obstante, algunos sectores sociales y organizaciones de derechos humanos advierten que la obligatoriedad del servicio militar debe ir acompañada de garantías claras para evitar abusos y discriminación, así como una supervisión estricta para asegurar condiciones dignas durante el cumplimiento del servicio. Reclaman que se evalúe también el impacto que tendría esta medida en la vida educativa y laboral de los jóvenes convocados.
En definitiva, el proyecto aún debe enfrentar un proceso de debate profundo en el Congreso y la opinión pública. Será fundamental que la sociedad dominicana participe activamente en esta discusión, para que, en caso de aprobarse, el servicio militar se convierta en un instrumento de desarrollo y seguridad, y no en una carga o fuente de conflicto social.
