Trump plantea crear sistema para agricultores contraten migrantes sin temor a deportaciones.

En medio del debate sobre la inmigración y el uso de la Guardia Nacional en California, el presidente Donald Trump sorprendió al sugerir la posibilidad de establecer un sistema que permita a los agricultores contratar mano de obra extranjera sin temor a que sus trabajadores sean detenidos o deportados por las autoridades migratorias.

“En el caso de buenos y respetables agricultores, pueden asumir la responsabilidad por las personas que contratan y permitirles esa responsabilidad, porque no podemos dejar que las granjas quiebren”, declaró Trump, reconociendo el papel crucial de los trabajadores inmigrantes en el sector agrícola estadounidense.

La propuesta surge en un contexto de creciente temor entre los trabajadores del campo, muchos de los cuales han dejado de asistir a sus labores por miedo a ser interceptados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

De acuerdo con cifras oficiales, se estima que al menos el 40% de la fuerza laboral agrícola en Estados Unidos está compuesta por inmigrantes sin documentos legales.

Mientras tanto, continúa la batalla legal sobre la activación de la Guardia Nacional en California, una medida que ha sido criticada por defensores de los derechos humanos y organizaciones agrícolas, quienes advierten que podría agravar la crisis de mano de obra en el sector rural.

Redadas masivas

Las redadas masivas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) son operativos a gran escala realizados por el gobierno de Estados Unidos con el objetivo de localizar, detener y deportar a inmigrantes indocumentados. Estas acciones suelen centrarse en ciudades con altas concentraciones de población migrante, especialmente aquellas que han adoptado políticas de protección conocidas como “ciudades santuario”, donde las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración.

Estos operativos han sido ampliamente criticados por organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil, que los consideran una amenaza a las libertades civiles y al bienestar de comunidades enteras. Las redadas a menudo generan miedo generalizado entre los inmigrantes, incluidos aquellos con estatus migratorio legal, y han tenido repercusiones sociales y económicas en sectores clave como la agricultura, la hostelería y la construcción, donde muchos trabajadores son de origen extranjero. A pesar de la controversia, administraciones como la de Donald Trump han defendido su implementación como una medida necesaria para reforzar la seguridad nacional y aplicar las leyes migratorias del país.