Fue sepultado este jueves el niño de dos años que, según las autoridades, fue estrangulado por su propia madre en el sector Villa Verde de La Romana. La comunidad aún se encuentra conmocionada por el hecho, que ha generado consternación a nivel nacional.
El padre del menor relató entre lágrimas cómo dejó todo en orden antes de salir a trabajar de noche, sin imaginar que al regresar en la mañana encontraría al niño sin signos vitales. Según su testimonio, la madre confesó haber cometido el crimen tras escuchar “una voz” que le ordenó matar al niño y quitarse la vida. Afirmó haber notado comportamientos extraños en ella semanas antes y solicitó ayuda a la familia, pero no recibió apoyo suficiente.
La acusada permanece detenida bajo investigación. La Policía Nacional confirmó que la mujer admitió su responsabilidad en el hecho y será sometida a la justicia en las próximas horas. Mientras tanto, vecinos y familiares piden que se le realice una evaluación psiquiátrica para determinar su estado mental al momento del crimen.
El velorio del pequeño fue un acto desgarrador. Familiares, vecinos y amigos acudieron al cementerio con profundo dolor, sin poder comprender cómo ocurrió una tragedia tan cruel. “Era un niño alegre, juguetón, y siempre estaba con su papá o hermanitos”, comentaron entre sollozos personas cercanas a la familia. Muchos coinciden en que la madre había mostrado señales de inestabilidad emocional, pero nunca imaginaron un desenlace así.
En declaraciones ofrecidas a la prensa, el padre del niño aseguró que había solicitado ayuda a los parientes de su pareja, al notar cambios en su conducta, negligencia con los hijos y aislamiento. Indicó que, a pesar de sus advertencias, nadie intervino de manera concreta. “Yo hacía todo: cocinaba, limpiaba, bañaba a los niños. Pero pedí ayuda porque ella no estaba bien”, expresó.
El Ministerio Público investiga si la mujer padecía alguna condición de salud mental no tratada. Por ahora, enfrenta cargos por homicidio voluntario y podría ser sometida a una evaluación psiquiátrica. El caso ha reavivado el debate sobre la necesidad de atención psicológica en el sistema de salud pública y el seguimiento a señales de alerta en situaciones familiares de riesgo.
