El comunicador Manuel Cruz lanzó una grave advertencia este martes sobre el estado crítico del sistema eléctrico dominicano, al denunciar un aparente plan de asfixia financiera a los contratistas eléctricos por parte de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDEs).
En su comentario, dirigido al presidente Luis Abinader y al ministro de Energía y Minas, Joel Santos, Cruz cuestionó: “¿La idea es quebrar los contratistas para que el sector privado se quede con el sistema eléctrico?”. La denuncia apunta a una serie de incumplimientos contractuales que incluyen la falta de pagos, la negativa a aplicar cláusulas de indexación por inflación y variación del dólar, así como el impago de los aumentos salariales dispuestos por el Gobierno.
Según Cruz, estos atrasos podrían generar la quiebra de empresas que actualmente manejan más de 100 millones de dólares en inversiones y sostienen más de 15,000 empleos directos.
El comunicador presentó documentación que evidencia actos de alguacil enviados por contratistas a las EDEs sin recibir respuesta, así como extractos de contratos que confirman el derecho a ajustes por inflación. Además, denunció un posible conflicto de interés en la administración del sistema, al señalar que altos funcionarios ocupan posiciones duales y reciben sueldos millonarios mientras el sistema colapsa. “Estamos ante una violación sistemática de la ley, de los contratos y de la estabilidad misma del sector eléctrico”, advirtió.
El comunicador afirmó también que la calidad del servicio se ha deteriorado notablemente en el primer trimestre del año, con aumentos en la duración y frecuencia de interrupciones, lo que atribuye directamente a la reducción de brigadas técnicas y al ahogo financiero de los contratistas. Cruz exigió una respuesta inmediata del presidente del Consejo Unificado de las EDEs, Celso Marranzini, y advirtió que si no se corrige el rumbo, el país podría enfrentar un colapso eléctrico de consecuencias impredecibles.
El sector eléctrico en la República Dominicana ha sido históricamente uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y social del país. A pesar de importantes inversiones en generación y distribución de energía, persisten problemas estructurales como las pérdidas técnicas y no técnicas, los apagones programados, el déficit financiero y la falta de cumplimiento de contratos entre las distribuidoras y sus contratistas.
A esto se suma la presión de mantener una infraestructura eléctrica eficiente en un contexto de creciente demanda energética. La falta de actualización en los pagos a contratistas, sumado al incumplimiento de cláusulas como el ajuste por inflación, ha llevado a una situación crítica que podría impactar directamente en la calidad del servicio. Para muchos analistas, el problema no radica en las empresas que ejecutan los proyectos, sino en la administración y transparencia del sistema. Una solución sostenible requiere voluntad política, respeto a los contratos firmados y una visión a largo plazo que priorice el beneficio de los ciudadanos sobre intereses particulares.
