El comunicador Ernesto Jiménez, conocido como “El Gurú”, advirtió este miércoles sobre lo que calificó como un intento deliberado de destruir el sector eléctrico dominicano mediante el incumplimiento de contratos por parte de las empresas distribuidoras y del Consejo Unificado del sector.
Según explicó, decenas de compañías contratistas —que han invertido más de 100 millones de dólares en el país y generan más de 15,000 empleos directos— enfrentan riesgo de quiebra por la negativa de las distribuidoras a pagar los ajustes contractuales que les corresponden por inflación y aumentos salariales.
Jiménez cuestionó que empresas como Edenorte, Edesur y Edeeste no hayan aplicado el aumento de un 18% contemplado por ley, a pesar de que los contratos lo exigen y las empresas afectadas han presentado intimaciones desde el año pasado. “¿Cuál es el interés detrás de todo esto?”, se preguntó el comunicador, señalando que esta situación podría responder a un plan oculto para desprestigiar y luego rematar las empresas del sector eléctrico a bajo costo.
Además, denunció posibles conflictos de intereses en la administración de Punta Catalina, al criticar que su gerente general tenga también funciones en Edesur, lo que califica como “una contaminación peligrosa para un sector estratégico”.
El sector eléctrico en la República Dominicana ha sido históricamente uno de los principales desafíos para el desarrollo económico y social del país. A pesar de importantes inversiones en generación y distribución de energía, persisten problemas estructurales como las pérdidas técnicas y no técnicas, los apagones programados, el déficit financiero y la falta de cumplimiento de contratos entre las distribuidoras y sus contratistas.
A esto se suma la presión de mantener una infraestructura eléctrica eficiente en un contexto de creciente demanda energética. La falta de actualización en los pagos a contratistas, sumado al incumplimiento de cláusulas como el ajuste por inflación, ha llevado a una situación crítica que podría impactar directamente en la calidad del servicio. Para muchos analistas, el problema no radica en las empresas que ejecutan los proyectos, sino en la administración y transparencia del sistema. Una solución sostenible requiere voluntad política, respeto a los contratos firmados y una visión a largo plazo que priorice el beneficio de los ciudadanos sobre intereses particulares.
