Washington, D.C. – La Administración Trump ha iniciado una amplia reestructuración dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), lo que ha resultado en el despido de cientos de funcionarios de alto nivel. Esta medida forma parte de un esfuerzo por reorganizar la tercera agencia más grande del país, eliminando a aquellos empleados que, según el gobierno, se consideran contrarios a sus objetivos.

El DHS, que incluye a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), es la principal agencia encargada de hacer cumplir las leyes de inmigración. Como parte de este reajuste, el departamento ha puesto en marcha una agresiva campaña multimillonaria para identificar y deportar a migrantes sin documentos.

La iniciativa gubernamental consta de dos vertientes: una campaña nacional dentro de Estados Unidos y otra internacional. En el ámbito interno, el gobierno ha instado a los migrantes a “autodepurarse“, sugiriendo que abandonen el país de manera voluntaria antes de enfrentar medidas coercitivas. A nivel internacional, la campaña ha sido lanzada en inglés, aunque un comunicado de prensa oficial indica que pronto se adaptará a varios idiomas para ampliar su alcance.

Este movimiento ha generado reacciones mixtas. Mientras que algunos sectores conservadores han aplaudido la decisión como un esfuerzo para fortalecer la seguridad nacional, defensores de los derechos humanos y grupos proinmigrantes han criticado duramente la medida, calificándola de inhumana y represiva.

La reestructuración del DHS y la implementación de esta nueva estrategia migratoria representan uno de los ajustes más significativos en la política de seguridad nacional durante el mandato de Trump, reforzando su enfoque de línea dura contra la inmigración ilegal.