La jueza Karen Casado Minetti, de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, aplazó para este jueves el conocimiento de la medida de coerción contra los imputados en el caso “Pantera 7”. Este caso ha sacudido al país tras el hallazgo de 9.8 toneladas de cocaína en el puerto multimodal de Caucedo el pasado mes de diciembre.
El aplazamiento permitirá que las defensas de los acusados tengan tiempo para revisar el expediente presentado por el Ministerio Público, que acusa a los detenidos de delitos como asociación de malhechores, tráfico de drogas, porte ilegal de armas y lavado de activos.
Este martes, un nuevo implicado, Jonan González, se entregó voluntariamente a las autoridades, elevando a ocho el número total de detenidos por este cargamento de drogas. González se suma a José Nicolás Castillo J., Winston Armando Tejera Rodríguez, Cristian Rainer Canela Ibar, Nelson Nestal Mercedes Lugo, Dulv Jesús de los Santos, José Luis Brito y su padre Enriquillo Luis Brito, este último director distrital de Valle Ibe y una figura política conocida en su comunidad.
Defensas cuestionan las acusaciones
Durante las declaraciones de las partes involucradas, abogados de los imputados cuestionaron la vinculación de sus clientes con el caso. “Hasta ahora no veo la implicación de ellos en los hechos presentados por el Ministerio Público. Veremos qué se decide en la audiencia del jueves”, afirmó uno de los defensores legales.
En el caso particular de Enriquillo Luis Brito, se destacó que es una figura política muy querida en su comunidad, lo que ha llevado a varios residentes a expresar su apoyo y a calificar como “sin sentido” las acusaciones en su contra. “Moralmente lo han destruido, pero no hay pruebas concretas que justifiquen estas acusaciones”, sostuvo un allegado.
El Ministerio Público mantiene su postura
El Ministerio Público asegura tener pruebas preliminares que vinculan a los detenidos con el tráfico de las 9.8 toneladas de cocaína, uno de los mayores decomisos realizados en el país. Según las autoridades, se espera que las medidas de coerción incluyan prisión preventiva debido a la gravedad de los cargos.
La jueza Karen Casado deberá evaluar este jueves los argumentos de ambas partes para decidir las medidas de coerción que se aplicarán a los implicados mientras continúan las investigaciones. El caso ha generado un alto nivel de expectación pública y pone nuevamente en el centro de atención los esfuerzos de las autoridades dominicanas para combatir el narcotráfico en el país.
