Daniel Ortega en Nicaragua eliminó el artículo 20 de la Constitución, permitiendo despojar de la nacionalidad a aquellos que sean considerados “traidores a la patria“. La Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, aprobó la enmienda de manera unánime, consolidando lo que muchos califican como un ataque directo a los derechos fundamentales.
La nueva reforma convierte la nacionalidad en un instrumento político, utilizado para silenciar y castigar a voces críticas del régimen. Este cambio constitucional no solo legitima una práctica que vulnera derechos humanos esenciales, sino que también establece que quienes pierdan su nacionalidad no podrán optar por cargos públicos.
Analistas han señalado que ni siquiera gobiernos autoritarios como el de Cuba han llegado a medidas de esta naturaleza, destacando el nivel de represión institucionalizado en Nicaragua. Activistas de derechos humanos han denunciado esta enmienda como un grave retroceso y una herramienta para perpetuar el control político del país.



