La situación política en Corea del Sur atraviesa una crisis sin precedentes luego de que el presidente Yoon Suk-yeol declarara y posteriormente rescindiera una ley marcial que otorgó poderes excepcionales al Ejército para rodear la Asamblea Nacional. La medida, que buscaba enfrentar la supuesta obstrucción de la oposición en el Parlamento, ha generado protestas masivas y un llamado unánime de los partidos opositores para que el mandatario renuncie o enfrente un juicio político.
La declaración, emitida la noche del 3 de diciembre, sorprendió tanto a la ciudadanía como a los aliados internacionales de Corea del Sur. Yoon justificó la ley marcial alegando una supuesta amenaza de “fuerzas antiestatales pro-norcoreanas” dentro de la oposición, que según él, obstaculizaban su agenda legislativa. Sin embargo, no presentó pruebas de actividades concretas que justificaran tal acusación.
Horas después, miles de manifestantes se congregaron frente a la Asamblea Nacional en Seúl, exigiendo la dimisión del presidente. Los manifestantes denunciaron la medida como un acto autoritario y un intento de socavar las bases democráticas del país.
La presión llevó a Yoon a rescindir la ley marcial apenas horas después de su implementación, pero el daño político ya estaba hecho. La oposición, liderada por el Partido Democrático, ha iniciado procedimientos para un posible juicio político, mientras acusa al mandatario de poner en peligro la estabilidad democrática de la nación.
“Lo que hemos visto es una clara violación de los principios democráticos. No toleraremos que se utilice el Ejército como herramienta para intimidar a la oposición y al pueblo surcoreano”, declaró un portavoz del Partido Democrático.
Por su parte, el gobierno ha intentado justificar sus acciones alegando la necesidad de proteger el orden constitucional y la seguridad nacional, aunque estas explicaciones han sido recibidas con escepticismo tanto dentro como fuera del país.
