El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional se encuentra en espera de que la Procuraduría General de la República autorice un acuerdo sobre la Torre Crystal, ubicada en el ensanche Naco, un proceso que ha enfrentado diversas dificultades en su concreción.
El abogado Jorge Lora Castillo, representante de uno de los propietarios de la Torre Crystal, reveló que a pesar de que el acuerdo ha sido consensuado por todos los inversionistas, la autorización por parte del Departamento de Persecución del Ministerio Público ha sido un obstáculo constante. En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, Lora Castillo explicó que el acuerdo, que incluye la entrega de apartamentos a los afectados, lleva aproximadamente dos años en proceso de formalización.
“Todo ha estado listo para concretar este acuerdo, sin embargo, seguimos a la espera de la aprobación de la Procuraduría General de la República,” señaló.
El problema central radica en que los apartamentos que deberían ser entregados a los afectados están actualmente ocupados por Procuradores Fiscales y Procuradores de Corte, quienes según los denunciantes, no muestran interés en desocupar los inmuebles. Lora Castillo enfatizó que es injusto que esta situación esté deteniendo la salvaguarda de los derechos de las víctimas.
La Torre Crystal fue financiada por la Corporación de Crédito Oriental S.A., entidad acusada de un fraude que, según los querellantes, supera los 1,600 millones de pesos. Los imputados en este caso incluyen a Roberto Eduardo López Santiago, Robert Eduard López Núñez, Maybert López Núñez y Ana Cristina Duvercies Almonte de Caba.
Desde agosto de 2013, la Superintendencia de Bancos ha realizado múltiples revisiones en la Corporación de Crédito Oriental, detectando irregularidades que llevaron a la imposición de 20 sanciones administrativas y varias penales. El Ministerio Público ha precisado que la entidad otorgó un préstamo en dólares por 14 millones 565 mil dólares a la empresa Torre Crystal, utilizando los pagos realizados para beneficio personal de los acusados.
En agosto de 2018, la Superintendencia de Bancos asumió el control de la Corporación de Crédito Oriental S.A. para garantizar los depósitos de los ahorristas tras detectar una serie de irregularidades financieras graves. La situación actual en la Torre Crystal subraya la necesidad de una pronta resolución para proteger los derechos de los afectados.
