Feliz contó que el incidente se desencadenó cuando familiares suyos lo contactaron tras un intento de embargo en un negocio de estética en una plaza. Al llegar, se encontró con individuos que previamente habían sido denunciados en investigaciones de la periodista Alicia Ortega, quienes, según él, utilizan la fuerza pública en colaboración con alguaciles, fiscales y motociclistas. Según Feliz, estas personas “inundan” los negocios de personal y amenazas, exigiendo sumas desproporcionadas de dinero, en este caso hasta 1.5 millones de pesos, para detener el embargo.

El comunicador destacó que la táctica de intimidación incluye cortar el acceso al negocio y llenar el lugar de “tigres” (matones), todo con la complicidad de la autoridad. Feliz mencionó que en otros casos anteriores se detuvo a algunos de los involucrados gracias a investigaciones previas. No obstante, afirma que los mismos delincuentes siguen operando con métodos similares y apoyo de las autoridades, lo cual representa una burla al Estado de derecho.

Asimismo, pidió a las magistradas Rosalba Ramos y Yeni Berenice Reynoso que intervengan en el caso, solicitando que se investigue y sancione tanto a los fiscales implicados como a los agentes de la fuerza pública que facilitan estos actos de extorsión. “Es indignante que el monopolio de la violencia del Estado esté al servicio de delincuentes,” expresó con molestia.