El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de la empresa Worldcoin Foundation en la República Dominicana, debido a las “cláusulas abusivas” contenidas en los contratos de adhesión ofrecidos a ciudadanos que suministraron sus datos biométricos a cambio de criptomonedas.
Investigación en curso
En un comunicado oficial, Pro Consumidor informó que la suspensión se mantendrá hasta que concluyan las investigaciones sobre las actividades comerciales de Worldcoin, basadas en la documentación presentada ante la institución. Estas investigaciones buscan verificar la legalidad y transparencia de sus objetivos comerciales.
El análisis jurídico, liderado por el director ejecutivo de Pro Consumidor, doctor Eddy Alcántara, reveló que los contratos de Worldcoin violan la Ley 358-05, así como las Resoluciones 01-2009 y 008-2002, que regulan los contratos de adhesión en el país. Además, se encontraron transgresiones a la Ley 172-13, que protege los datos personales de los ciudadanos.
Según Pro Consumidor, los contratos de Worldcoin no especifican claramente el objeto del servicio, información del proveedor, ni domicilio social en el país, lo que vulnera el derecho de los consumidores a recibir información transparente. Además, la ausencia de un domicilio dificulta que los usuarios puedan presentar reclamos o solicitudes de información, en contravención de los principios de relación clara con el proveedor.
La notificación oficial de la suspensión fue realizada mediante el acto número 1840-24 el pasado 14 de noviembre, entregado por el alguacil Wilton David Grullón, del Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Distrito Nacional.
Método de operación y usuarios registrados
Aunque Worldcoin no cuenta con un centro de operaciones estático en el país, se estima que unos 7,478 usuarios ya han proporcionado datos biométricos mediante el escaneo de iris a través de una esfera esférica, conocida como “orb”. Según reportes, estos datos generan “coins” que pueden ser convertidos a pesos dominicanos, con un monto inicial equivalente a RD$6,000.
Pro Consumidor enfatizó que es responsabilidad del Estado proteger los intereses económicos de los consumidores y garantizar el cumplimiento de las normativas legales para salvaguardar sus derechos. La institución continuará investigando este caso y tomará medidas adicionales en defensa de los derechos de los usuarios afectados.
