En un sorprendente giro de eventos, el régimen de Nicolás Maduro ha liberado a 131 presos políticos, muchos de los cuales estaban detenidos en conexión con las protestas postelectorales del 28 de julio en Venezuela. De acuerdo con Foro Penal, una reconocida ONG de derechos humanos, estas excarcelaciones ocurrieron en tres centros penitenciarios de Venezuela, entre ellos el penal de Tocorón, que sufría de una alarmante sobrepoblación.
El anuncio ha generado una mezcla de esperanza y frustración entre las familias de los detenidos, ya que, aunque la liberación de 131 personas es un avance significativo, todavía quedan 94 prisioneros políticos que no han sido liberados. Entre los excarcelados se encuentran 10 adolescentes, de los 69 menores que fueron encarcelados bajo acusaciones de terrorismo y conspiración, cargos que muchos consideran infundados y políticos.
El gesto de liberación de estos presos ha sido interpretado por algunos analistas como una táctica del gobierno de Maduro para desviar la atención de situaciones internas críticas, especialmente tras la muerte de un testigo clave en las elecciones, según lo señalado por el fiscal general Tarek William Saab. Esta medida también ha sido vista por algunos como una maniobra para ganar simpatía internacional, especialmente con el nuevo gobierno de Donald Trump, quien ha adoptado una postura más crítica hacia el régimen venezolano.
El domingo, decenas de familiares se reunieron frente a la prisión de Tocorón, ubicada a dos horas de Caracas, esperando ansiosos la liberación de sus seres queridos. Desde las ventanas de la prisión, los detenidos lanzaban besos y gritaban: “¡Falta poco!”. Esta escena conmovedora se contrastaba con las tensiones previas, cuando Maduro se jactó de haber llenado las cárceles de opositores políticos, a quienes acusó de ser “criminales fascistas”.
A pesar de la liberación de los 131 prisioneros, la incertidumbre persiste para miles de familias que aún esperan noticias sobre el destino de sus familiares. El gobierno venezolano ha acusado a los detenidos de terrorismo, un cargo que se ha utilizado con frecuencia como un mecanismo para atacar a la oposición política. Sin embargo, muchos de los prisioneros y sus familias insisten en que no cometieron delito alguno, señalando que sus detenciones fueron motivadas por razones políticas.
