La defensa de Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), solicitó este lunes al Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional la anulación de la medida de prisión preventiva de 18 meses dictada en su contra, en el marco del caso conocido como “Camaleón”. Laura Acosta, abogada de Beras, argumentó que la decisión se basa en un solo párrafo dentro de una sentencia de 103 páginas, en el que se justifica la prisión preventiva bajo el argumento de que, por haber sido funcionario, Beras podría “distraer pruebas”.
El caso “Camaleón”, llevado por el Ministerio Público, involucra a varios exfuncionarios del Intrant y empresarios, quienes enfrentan acusaciones de corrupción, desfalco y sabotaje de infraestructura pública. Junto a Beras, fueron imputados José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., y Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, quienes también cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres.
La jueza Fátima Veloz dispuso otras medidas de coerción para los implicados, incluyendo arresto domiciliario para Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del Intrant, y una fianza de 2 millones de pesos, junto con impedimento de salida y presentación periódica, para Frank Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant.
Además, se establecieron medidas cautelares para otros acusados, como Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, quienes deben presentar una garantía económica de 1 millón de pesos, junto con restricciones adicionales. La jueza Veloz declaró el caso como complejo y fijó una revisión de medidas para el 9 de enero de 2025.
Operación Camaleón
El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 2 de octubre, la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional. Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica.
