La audiencia de apelación para Hugo Beras y Jochi Gómez, vinculados al caso de corrupción conocido como “Camaleón”, fue aplazada para el próximo lunes a las 9:00 de la mañana. En esta sesión se espera que el tribunal revise el recurso de apelación presentado por Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y Gómez, propietario de Transcore Latam, quienes buscan reducir la medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva que se les impuso por su presunta implicación en una red de corrupción.
Beras y Gómez, junto a Pedro Vinicio Padovani Báez, cumplen prisión preventiva tras ser acusados de irregularidades en un proceso de licitación para la modernización y gestión del Sistema Integral de Control de Tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo. Este caso forma parte de la Operación Camaleón, lanzada por el Ministerio Público el pasado 2 de octubre, que ha implicado hasta el momento a siete personas.
Según el Ministerio Público, los acusados son señalados como parte de una red de corrupción que habría incurrido en desfalco, estafa al Estado, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando y sabotaje contra infraestructura crítica, entre otros delitos de alto impacto. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras el caso sigue generando expectación en la opinión pública.
OPERACIÓN CAMALEÓN
El Ministerio Público puso en marcha el pasado miércoles 2 de octubre, la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
