Indhira Navarro examina los recientes recortes en el estado llevados a cabo por el presidente Luis Abinader. En el contexto de una inminente reforma fiscal, el gobierno ha presentado un plan para mejorar la administración pública, lo que ha suscitado diversas reacciones y preocupación entre los empleados estatales. En total, 21 instituciones públicas están bajo revisión, y el presidente enfatiza que la meta no es reducir el tamaño del gobierno, sino hacerlo más eficiente y enfocado en mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
Este proceso representa una segunda ola de reestructuración, con el objetivo de reducir el gasto público. Aunque el gasto dominicano es relativamente bajo comparado con otros países de América Latina, se destaca su ineficiencia. La reforma fiscal busca mejorar esta eficiencia, abordando no solo la necesidad de recortes, sino también resolviendo contradicciones políticas internas que han llevado a la eliminación de ciertos ministros.
La fusión y eliminación de entidades estatales se propone como una solución para controlar el gasto. Sin embargo, surge la inquietud de si estas medidas realmente beneficiarán a la población. Aunque se espera que la administración reduzca costos, el acceso a servicios sigue siendo un desafío, especialmente para quienes viven en provincias y deben trasladarse a la capital para realizar trámites.
Entre las instituciones que serán eliminadas se encuentran la caja de ahorros para obreros y Montepiedad, así como varias comisiones sectoriales. Algunos expertos, como el politólogo Faustino Collado, argumentan que estas eliminaciones son insuficientes y que muchas entidades, como ONAPI, duplican funciones y deberían ser fusionadas para mejorar la eficiencia administrativa.
Finalmente, se plantea que la reforma debería incluir una descentralización más efectiva, ya que la actual estructura del estado está centralizada en el Gran Santo Domingo. Aunque se busca un ahorro significativo con estas medidas, es crucial que la eficiencia y la calidad de los servicios no se vean comprometidas en el proceso. La clave radica en encontrar un equilibrio entre la reducción de costos y la mejora en el servicio público.
