La semana pasada, los semáforos en las principales avenidas del Distrito Nacional fueron apagados, lo que reavivó la polémica en torno a la empresa encargada de la red semafórica del Gran Santo Domingo, Transcore Latam, y la licitación bajo la cual fue contratada. El programa de investigación N Investiga detalló el proceso desde la publicación de la licitación hasta el apagón de semáforos ocurrido entre el 28 y el 30 de agosto, que afectó inicialmente 29 intersecciones críticas y luego se extendió a 55, incluyendo importantes vías como las avenidas Winston Churchill y 27 de Febrero.
El contrato para la modernización y gestión del sistema de semáforos fue adjudicado a Transcore Latam en marzo de 2023, por un monto mayor al previsto, a pesar de las observaciones de Contrataciones Públicas. La empresa había sido constituida apenas siete meses antes de la licitación, y su principal accionista, Pedro Padovani, había trabajado previamente en el INTRANT, lo que generó sospechas. Además, otras empresas del sector denunciaron irregularidades en el proceso, alegando que Transcore Latam presentó documentos falsos.
A lo largo de 2023, diferentes empresas afectadas por la adjudicación señalaron que la experiencia y los plazos de la empresa ganadora no coincidían con los requisitos establecidos. Contrataciones Públicas suspendió el contrato en octubre de 2023 tras encontrar graves irregularidades, incluida la falsificación de documentos. A raíz de estas denuncias, el director del INTRANT, Hugo Beras, solicitó una licencia para facilitar las investigaciones, siendo reemplazado por el coronel Randolfo Oniel Rijo.
El 27 de noviembre de 2023, Jochi Gómez, propietario de Transcore Latam, admitió públicamente su participación en la empresa. Esto reforzó las investigaciones, dado que su nombre ya estaba vinculado a otras controversias en el pasado, incluyendo contratos cuestionados y acusaciones de extorsión. A su vez, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) recibió un informe detallando las irregularidades del contrato.
Finalmente, el apagón de los semáforos reveló la vulnerabilidad de confiar en empresas con antecedentes dudosos para gestionar servicios públicos esenciales. Mientras el INTRANT intervenía parcialmente los semáforos, el sistema continuaba siendo un riesgo para la seguridad pública, y en septiembre de 2023, los semáforos fueron militarizados, evidenciando la gravedad de la situación.
