La Cámara de Cuentas ha respondido a las acusaciones de legisladores que alegan que el organismo está violando la privacidad de los funcionarios con las recientes modificaciones en las declaraciones juradas de bienes. El organismo afirma que estas modificaciones están diseñadas exclusivamente para mejorar la trazabilidad de la documentación y fortalecer los mecanismos de transparencia.
Janet Fernández, en un informe en vivo, explicó que las críticas hacia la Cámara de Cuentas han surgido a medida que se acerca el plazo para que los funcionarios públicos presenten sus bienes patrimoniales. Algunos legisladores, incluyendo miembros del partido oficialista, han expresado su preocupación por las nuevas exigencias, como la presentación de pasaportes y los movimientos de tarjetas de crédito, argumentando que estas solicitudes violan la privacidad de los funcionarios y sus familias.
Uno de los legisladores críticos, del partido oficialista, manifestó: “Están pidiendo pasaportes hoja por hoja, lo cual es inaceptable y viola la privacidad de mi familia y la de cada uno de ustedes”. Sin embargo, algunos congresistas de la misma bancada han respaldado la postura de la Cámara de Cuentas, afirmando que no se está exigiendo nada fuera de lo habitual y que el organismo simplemente está aplicando la Ley 311-14 del 2014 y su reglamento de aplicación del 2016, sin ninguna modificación en la normativa.
La Cámara de Cuentas ha respondido que las nuevas herramientas y requisitos para la declaración de bienes están en línea con la legislación vigente y que el objetivo es asegurar la transparencia y la integridad en la gestión pública. En palabras de un portavoz del organismo: “No hay privacidad en el ámbito político público; además, si no se está haciendo nada malo, no hay problema en proporcionar información adicional como la cédula de familiares o el número de pasaporte”.
Desde la oposición, también se han planteado quejas sobre las nuevas herramientas y requisitos. Algunos críticos consideran que las exigencias adicionales resultan excesivas y que la solicitud de ciertos documentos y datos puede parecer sospechosa e innecesaria.
Hasta el momento, 16 de los 32 senadores y 90 de los 195 diputados han presentado sus declaraciones juradas de bienes. El próximo lunes vence el plazo para que todos los funcionarios públicos cumplan con el requisito establecido en el artículo 2 de la Ley 311-14.
