El abogado Ángel Lockward, uno de los implicados en el caso de corrupción denominado Calamar, reveló detalles explosivos en una entrevista exclusiva para “Reporte Especial” con Julisa Céspedes.
Lockward, quien anteriormente se había declarado inocente, sorprendió al admitir su participación en el entramado de lavado de activos y desfalco al Estado por más de 19 mil millones de pesos. Según la acusación del Ministerio Público, esto se habría llevado a cabo a través de la expropiación de títulos y otras maniobras financieras.
Lo más impactante de su declaración fue su revelación sobre el acuerdo que ha negociado con las autoridades para devolver más de 220 millones de pesos. Sin embargo, según Lockward, este acuerdo va más allá de simplemente devolver el dinero.
En palabras del jurista, “Si yo no hago eso, mis clientes no cobran. Pero si mis clientes cobran, yo recupero una parte de lo que estoy teniendo que entregar y resuelvo un problema humano, un problema de justicia de mis clientes”.
El acuerdo, que consta de dos documentos -uno financiero firmado en diciembre pasado y otro de admisión de culpa que aún no se ha firmado-, tiene implicaciones penales que todavía no se han determinado.
Lockward defendió su actuación como abogado, asegurando que no cobró más de lo debido, incluso por debajo del 30% permitido por ley, para que sus clientes pudieran hacer los acuerdos necesarios y viabilizar su pago.
El caso Calamar, documentado en un expediente de más de 3500 páginas por el Ministerio Público, continúa develando las redes de corrupción que involucran a exfuncionarios y figuras prominentes del ámbito jurídico y financiero del país.
Operación Calamar
El Ministerio Público puso en marcha la noche de este sábado la Operación Calamar, luego de una compleja investigación realizada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). En la operación se realizaron 40 allanamientos en el Distrito Nacional, San Pedro de Macorís y La Romana.
En los que participaron 40 fiscales y decenas de técnicos de diferentes unidades de investigación. Al igual que 300 miembros de la Policía Nacional y un amplio equipo de apoyo administrativo.
Entre los arrestados para ser presentados a solicitud de medida de coerción se encuentran, el exministro de Hacienda, Donald Guerrero; exministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta; exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo; ex contralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo; exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña, etc.
