La recientemente aprobada ley que establece el Sistema Nacional de Inteligencia, ha generado una oleada de críticas, debido a la presencia de tres artículos considerados inconstitucionales, los cuales podrían poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.

Diversos legisladores de la oposición, han expresado su desacuerdo con la Ley que instituye la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando que es inconstitucional y vulnera derechos fundamentales. El comunicador Ricardo Nieves, ha compartido su opinión al respecto, señalando que la oposición política está actuando de manera “hipócrita y habladora”.

Nieves sostiene que, aunque ahora critican la ley, en el pasado votaron a favor de la misma, lo cual considera contradictorio.

“Ahora los vemos criticándola, pero estuvieron respaldándola en su momento. No dijeron nada cuando debieron orientar al pueblo”, expresó Nieves.

Además, subrayó que la oposición debería haber alertado a la ciudadanía sobre los posibles problemas de la ley en lugar de aparentar desconocimiento después de su aprobación.

 

Ley del DNI

El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.

Entre las atribuciones que tendrá el DNI, está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.

La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas.

La sociedad dominicana de Diarios ha expresado su preocupación ante la posibilidad de que esta ley, en contra de lo estipulado por la ley 6132, obligue a los periodistas a revelar sus fuentes, poniendo en peligro el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión.

 

 

 

 

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