El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, David Peguero, ha ratificado la medida de coerción de prisión preventiva para Domingo Julio Santana, el mensajero de la fiscalía del Distrito Nacional, señalado como intermediario en el escándalo de sobornos vinculado a la eliminación de antecedentes penales.

Santana, quien fungía como enlace entre ciudadanos y la fiscalía para la presunta eliminación ilegal de antecedentes penales a cambio de pagos indebidos, enfrentará la medida cautelar mientras continúa el proceso penal denominado “Gavilán”.

El juez Peguero argumentó que el imputado no ofrece garantías suficientes de que no intentará sustraerse del proceso penal, justificando así la decisión de mantener la prisión preventiva.

Por su parte, el procurador fiscal a cargo del caso anticipó que el Ministerio Público se encuentra preparando la acusación formal contra los implicados en el escándalo, que se centra en la eliminación o alteración de más de 16,000 antecedentes penales de la base de datos criminales de la Procuraduría.

 

 

 

Operación Gavilán

 

En una operación denominada “Operación Gavilán” llevada a cabo por el Ministerio Público durante, se descubrió una red criminal compuesta por fiscales, empleados administrativos y policías.

Según datos, al igual que otras, durante años esta red ha estado involucrada en la eliminación de miles de antecedentes penales a cambio de sobornos.

En total, 12 personas fueron arrestadas en los allanamientos, entre ellos un miembro de la Policía Nacional, empleados administrativos y técnicos de la Procuraduría General de la República, así como un expolicía. Los allanamientos se realizaron en diferentes áreas, incluyendo el Distrito Nacional, Santo Domingo, Independencia y San Pedro de Macorís. La red se dedicaba a borrar antecedentes penales relacionados con delitos graves, como narcotráfico, asesinatos, robos, homicidios o violaciones sexuales. El equipo de investigación está analizando el caso y varios fiscales están bajo investigación. En los próximos días, se espera que se soliciten medidas de coerción en su contra, sometiéndolos a un proceso judicial especializado que se ajuste a las circunstancias de este escándalo.

 

 

 

 

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