La recientemente aprobada ley que establece el Sistema Nacional de Inteligencia, ha generado una oleada de críticas, debido a la presencia de tres artículos considerados inconstitucionales, los cuales podrían poner en riesgo los derechos fundamentales de los ciudadanos dominicanos.

En respuesta a la oposición generalizada, el consultor jurídico del poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, anunció hoy la convocatoria de un diálogo en el Palacio Nacional, para abordar las inquietudes y críticas planteadas por diversos sectores de la sociedad.

El comunicador Julio Martínez Pozo expresó, sus opiniones sobre la controversia durante su programa, señalando que las autoridades gubernamentales aclararon que las acciones de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) serán llevadas a cabo sin perjuicio de las formalidades legales.

No obstante, en sus declaraciones, Pozo resaltó la preocupación de que, al no intervenir un juez en las decisiones del DNI, se estarían perjudicando los derechos de los ciudadanos. Argumentó que la falta de separación entre el poder ejecutivo y la persona afectada, crea un vacío en el cual el abuso de poder podría ocurrir sin supervisión externa.

Asimismo, resaltó que no existe una clara división de las consecuencias derivadas del abuso de poder en relación con el ciudadano. La preocupación radica en que aquel que posee la capacidad de abusar del poder también ostenta el poder discrecional para determinar las razones de sus acciones, sin la obligación de rendir cuentas a nadie. “Ahí no hay posibilidad de que no se esté violando la constitución”, a pesar de lo que pueda afirmar el propio artículo 11 de la ley.

“Si no interviene un juez, ya los derechos de los ciudadanos están perjudicados”, enfatizó el comunicador, subrayando la necesidad de garantizar un equilibrio adecuado entre la seguridad nacional y la protección de los derechos individuales.

 

Ley del DNI

El Senado de la República aprobó en dos sesiones consecutivas y convirtió en ley el proyecto que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), cuyo objetivo es la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas internas y externas contra el Estado.

Entre las atribuciones que tendrá el DNI, está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.

La pieza legislativa establece como atribución de la entidad recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación; así como evaluar amenazas, tanto internas como externas.

 

 

 

 

 

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