Altagracia Salazar: Frente al Ministerio Público no hay estrategia de comunicación
La inspectoría del Ministerio Público inició una investigación para determinar quien aceptó la solicitud del padre de Chantal Jiménez para disponer la libertad y anular una orden de alejamiento dispuesta tres días antes. El ministerio Público desde el inicio de la gestión de Miriam Germán impuso como norma la acción pública por encima de las decisiones personales en casos de violencia de género, abuso sexual, incesto y violencia intrafamiliar. Ayer se supo que el MP había solicitado certificaciones en la Cámara de Diputados sobre el legislador Sergio Moya conocido como Gory, citado en la operación Calamar y cuyo caso debe ser conocido por un juez especial designado por el presidente de la Suprema corte de Justicia dada su condición de legislador.
Ayer se presentó ante la Procuradora General de la República el director de Titulación del Estado, Merido Torres, citado en la operación Calamar: Torres informó que había acudido a ponerse a disposición del MP como si el MP necesitara de su autorización para investigarlo. Ayer la inspectoría del poder judicial remitió a la PEPCA los resultados de la investigación disciplinaria que determinó la cancelación del juez Juan Francisco Rodriguez Consoró para una posible investigación penal. Antes de esto el magistrado Wilson Camacho había informado que existía una investigación sobre los actos del magistrado, cuya decisión más conocida fue el No ha lugar en el caso de los imputados de vender el barrio Los Tres Brazos con la gente adentro. Ayer el cancelado juez Rodríguez Consoró dijo que está dispuesto ser investigado penalmente, ya que no tiene nada que esconder ni temer.
Aseguró en un comunicado que su destitución se basa en injurias y calumnias, mediante un juicio disciplinario mediático, porque no existen pruebas en su contra, sino que se apoyan en rumores. Tanto el juez Consoró como el señor Mérido Torres, en licencia de su condición de director general de titulación y antes el diputado Moya, han recurrido a una frase manida que gracias a la impunidad proverbial de la vida política dominicana funcionaba muy bien. Esa frase es “poner a disposición de la justicia”. Mucho o casi todo lo que debía ser investigado en nuestro país durante más de 50 terminaba cuando alguien anunciaba que se ponía a disposición de la justicia y el caso se olvidaba.
El artículo publicado hace unos días en Acento a propósito del señor Angel Lockward usa otras palabras pero en definitiva cita las veces que ese ciudadano se puso a disposición de la justicia desde 1984 hasta acá. Ahora no se puso a disposición de la justicia, sino que trató por todos los medios de que su caso se conociera en la jurisdicción administrativa. El Camaján sabía que algo había cambiado. El 95% de los fiscales actuales fue designado en la gestión del inefable YANALAN Rodríguez y si alguien lo sabe soy yo, pero esos fiscales saben que si quieren permanecer en el puesto tienen que hilar fino y supongo que después de la publicación de la Gallup disminuirá la intensidad de los que le dicen a los de la pepca que en cuatro años se van. Todos los jueces fueron designados en los 20 años del PLD, pero esos jueces quieren seguir siendo jueces y saben que sea de adentro o sea de afuera, la presión existe.
Ver también: “Una Muerte, Más Muerte Que Otra”: Inequidad Hasta Para Morir En RD, según Altagracia Salazar