Sergio Moya (GORY): “Una ficha con una historia oscura detrás” | Altagracia Salazar
Ayer, usando el privilegio de su curul, el diputado Sergio Moya, apodado Gory, se quejó de lo que considera infamias puestas a circular contra él de manera desconsiderada. Moya prometió que de comprobarse su responsabilidad en el caso Calamar renunciará a su posición.
El legislador, que tiene 40 ausencias y 74 escusas en la Cámara de Diputados, se defendió diciendo que tiene 32 años con los negocios de bancas deportivas y que en los últimos siete se ha dedicado a la política activa. A pesar de que virtualmente no trabaja en el congreso. El hoy diputado aparece por primera vez en los medios de comunicación en 1998 acusado junto a su hermano Juan Antonio Moya, alias Cibao, de lavado de activos provenientes del narcotráfico. Un amplio reportaje bajo la firma del colega Papito Lebrón en el desaparecido Última Hora indica que Juan Antonio Moya, estaba preso en Puerto Rico luego de ser extraditado desde Francia por la INTERPOL y que Sergio Moya fue detenido en sus oficinas de la avenida Lope de Vega. Los hermanos fueron imputados de una operación de lavado de más de 300 millones de pesos y la DNCD les incautó numerosas propiedades y vehículos de lujo.
El reporte da cuenta de que el expediente de más de 200 páginas fue remitido al entonces fiscal, Francisco Domínguez Brito. Hace cuatro años Moya salta a la palestra por un audio impresentable en el que intercambia con el abogado Julio Cury a propósito del caso Dream Casino, según las referencias de tio Google, testigos del juicio dan cuenta de que participaba en un intento de contar un amplio negocio de bancas de apuestas. Ese es el perfil público del diputado Moya, que probablemente a partir de ahora ocupe y se ocupe con más frecuencia de su trabajo de legislador por el que cobra todos los meses, aunque ese sueldo sea insignificante para su patrimonio. En cinco de las 90 preguntas del interrogatorio a Mimilo Jiménez en la operación Calamar se hace referencia al legislador perremeista como uno de los armadores del proyecto de cobro ilegal a las bancas de apuestas deportivas y de lotería. Uno de los aspectos relevantes del interrogatorio a Jiménez indica que Moya virtualmente tumbó al operador Fernando Crisóstomo para entrar en el negocio. Moya está citado en los interrogatorios, pero no es imputado. Por su condición de diputado debe ir a jurisdicción privilegiada, pero eso no lo excluye de lo que el MP pública llama el “relato fáctico”. Este caso nos ayuda a entender por qué los riferos quieren estar en el Congreso y ojalá que mucha gente entendiera por qué no deben estar.
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